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Congreso digital ICAMÁLAGA
Letrada ejerciente desde 1994, Colegio de abogados de Sevilla.
La relación con el mundo penitenciario se puede enmarcar a finales de los años 90, cuando se
impulsa la creación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP),
que en Sevilla concretamente empiezan a funcionar desde el año 2000.
Desde los inicios de la creación del SOAJP forma parte de la Subcomisión del Turno de
Penitenciario en el colegio de Abogados de Sevilla. Tomando el relevo en el año 2011 en la
coordinación del mismo hasta la fecha.
Vocal en el Consejo General de la Abogacía en la Subcomisión de Derecho Penitenciario, así
como en la misma subcomisión del Consejo Andaluz de Colegios de abogados (CADECA).
Profesionalmente, la mayor actividad es la de formar parte del equipo jurídico de 9 personas
existente en Andalucía, de la Federación Andaluza Enlace. Cuya actividad consiste en el
asesoramiento y atención jurídicas a personas en tratamiento de drogodependencias y
adicciones en Centros públicos. Programa financiado por la Junta de Andalucía en coordinación
con las Diputaciones y sus Centros Provinciales de Drogodependencias, programa pionero en el
asesoramiento y coordinación en la búsqueda de alternativas a prisión de personas en tratamiento de adicciones.
Recientemente nos han concedido un premio a este programa de asesoramiento jurídico por
parte de la Junta de Andalucía, concretamente los premios Andalucía más social, como ejemplo
de buenas prácticas en el ámbito de las adicciones; siendo nuestro principal caballo de batalla
las alternativas a prisión de este colectivo.
Responsable del departamento jurídico de la Federación Provincial Liberación, donde coordina la comisión jurídica
formada por técnicos que intervienen en asesoramiento individualizado psicológico y social en los Centros Penitenciarios
coordinando así mismo los talleres que se imparten dentro de prisión y la formación de los voluntarios y técnicos de las entidades.
Por último, participación activa en la formación y sensibilización de los actores judiciales,
intervinientes en el proceso judicial; así como en las propuestas y reformas legislativas en el
ámbito penal, penitenciario y de las adicciones.
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